Visto
El choque de trenes en la línea Sarmiento ocurrido el 22/2
del corriente, en el que fallecieron 51 trabajadores.
Considerando
Que este es un crimen contra el pueblo que lejos de ser
"accidental” es la consecuencia anunciada de una política de desinversión
y falta de mantenimiento que caracterizó a la gestión del ferrocarril tras las
privatizaciones menemistas hasta el presente.
Que el Gobierno de los Kirchner sostuvo estas
privatizaciones, llevó a cabo enormes negociados y distribuyó subsidios
millonarios a estas empresas, sin control.
Que el pueblo que viaja en condiciones penosas, mientras a
sus expensas se desarrollan verdaderos negociados, que involucran a las
concesionarias (como TBA-Cirigliano, Roggio y otros), la burocracia de los
sindicatos y el Estado. El Grupo Cirigliano, de hecho, es la radiografía exacta
de quiénes se beneficiaron con esta situación todos estos años. Nacido bajo el
menemismo, con el gobierno Kirchner llegó a acumular la concesión de varios
ferrocarriles (TBA), decenas de líneas de colectivos y micros (Plaza, Ecotrans,
El Rápido, etc.), y hasta tercerizadas de "reparación" de sus trenes
y ómnibus (Emfer y Tatsa). Un negocio redondo, con subsidios y corrupción
estatal mediante.
Que con el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010 a manos de una patota
de la burocracia sindical de la UF,
con complicidad de la policía, empresarios y funcionarios de la secretaria de
transporte, se puso de manifiesto este esquema de negocios del ferrocarril, que
incluía las tercerizaciones truchas y el manejo irregular de subsidios. Por
sobre todas las cuestiones salió a la luz la asociación ilícita entre el
Estado, los empresarios y burócratas en el manejo del transporte publico.
Que habiendo transcurrido dos meses del hecho, más de 45
días desde la intervención de TBA por parte de la misma Secretaría de
Transporte y semanas desde el inicio de los peritajes hechos por la compañía y la Secretaría en cuestión,
existe todo un mecanismo de impunidad en el que los acusados buscan ser juez y
parte a la vez que las declaraciones de Garré y el exsecretario Schiavi buscan
transformar las víctimas en victimarios.
Que mientras el gobierno y la justicia realizan este proceso
de encubrimiento, los trabajadores del Sarmiento definieron en asamblea un plan
de lucha contra la impunidad y por la mejora del servicio, reclamando su
estatización bajo control de los trabajadores.
Que entre las víctimas del choque se encuentra una
estudiante de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
