Visto
La repercusión que ha cobrado el conflicto social y político
con respecto a la actividad megaminera en nuestro país.
Considerando
Las consecuencias dañinas para la vida y el trabajo de la
población local y de alrededores que significa la explotación de la megaminera.
Que las denuncias de los pueblos de las provincias
cordilleranas de nuestro país sobre daños ambientales irreparables se suman
como parte de la problemática, las denuncias sociales sobre las relaciones de
trabajo penosas y precarizadas a las que son sometidos los trabajadores mineros
por estos grupos económicos extranjeros.
Que la cuestión de Famatina, Andalgalá, Tinogasta, Belén y
demás localidades afectadas por la megaminería expresa, de fondo, la
dependencia nacional frente al imperialismo y sus intereses sociales en el
marco de un modelo de desarrollo extractivo ligado también al agronegocio y los
hidrocarburos.
Que la política del gobierno nacional ha sido la defensa a
ultranza de las actividades extractivas y las ganancias extraordinarias de
Osisko, Patagonian Gold, Barrick Gold y demás empresas mineras transnacionales
a costa de los intereses nacionales.
Que esa defensa se efectúa por medio de la represión y la
persecución judicial, ley “anti terrorista” mediante, de activistas populares y
trabajadores y por el apoyo en subsiodios y políticas estatales –nacionales y
provinciales- para el fomento de la actividad de la megaminería.
Que la
Universidad y en particular la UBA no son ajenos al conflicto minero y sus
consecuencias. Siendo éste un escenario más de penetración de estos grupos
económicos que incluso aportan fondos al Consejo Interuniversitario Nacional
con el objetivo de legitimar su actividad entre las universidades nacionales.
Que el Consejo Superior de la UBA aprobó recientemente la resolución
12.272/2012, en la que mientras rechaza la actividad megaminera y la represión
a los pueblos damnificados no lo acompaña en la práctica, rechazando los fondos
que la minera La Alumbrera
le otorga a la UBA
año tras año.
Que la defensa de la educación pública sólo se puede
desenvolver apoyando las movilizaciones de nuestro pueblo contra la política
oficial de entrega de los recursos naturales y que la Universidad pública no
puede someterse a estas polítcas con respecto a los recursos naturales y la
megaminería.
La Junta
de Carrera de Sociología resuelve
-Pronunciarse por la expulsión de las empresas megamineras
rescindiendo cada uno de sus contratos y que se prohiba en todo el territorio
nacional la megaminería a “cielo abierto” por los daños ambientales y sociales
que provoca.
Declarar nuestro más enérgico rechazo a las políticas del
gobierno nacional y provinciales de fomento de la actividad minera y el
consiguiente reparto de regalías mineras compartidas, así como rechazar y
denunciar la represión y judicialización de la protesta social a los
trabajadores activistas populares y pobladores de las localidades afectadas que
se oponen a la megaminería.
Rechazar la injerencia de las empresas transnacionales en el
seno de las universidades públicas y denunciar el intento de cooptar a la
educación pública por parte de estos actores imperialistas.
Propugnar que las autoridades nacionales, provinciales y
municipales acaten las reglamentaciones internacionales que exigen el necesario
consenso de las poblaciones afectadas por las actividades extractivas que
claramente se oponen a estos proyectos que afectan sus formas de vida y el
territorio que habitan.
-Rechazar los fondos provenientes de la minera la Alumbrera que se otorgan
año a año a la Universidad
de Buenos Aires, propugnando que las demás Carreras y el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Sociales, así como el Consejo Superior de la UBA rechacen estos fondos por considerarlos
producto de una actividad que genera contaminación ambiental irreversible y el
daño social económico y cultural de vastas poblaciones de las provincias
cordilleranas.
-Dar la más amplia difusión a esta resolución.
