y considerando:
Que en el año 1985 se firmó el Convenio Interinstitucional entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la Nación a través del cual se creó el “Programa UBA XXII Universidad en Cárceles”, que ha desarrollado y desarrolla actividades académicas en varias cárceles federales.
Que dicho convenio establece el derecho a la educación universitaria de las personas privadas de su libertad en cárceles federales, siendo el Centro Universitario de la cárcel de Devoto (CUD) el primer espacio educativo universitario de este tipo que, desde hace 25 años viene funcionando interrumpidamente.
Que, en consecuencia, es incumbencia irrenunciable de la Universidad garantizar a las personas detenidas el ejercicio del derecho a estudiar, construyendo así un espacio de libertad al interior de la cárcel respaldado por los principios básicos de la Universidad Pública que tiene entre sus pilares fundamentales la participación democrática, el respeto al disenso, la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión.
Que en este Centro desarrollaron y desarrollan actividades académicas de grado y de extensión universitaria cientos de estudiantes privados de libertad y cientos de docentes, todo ello en el marco de la propuesta de acceso a la educación universitaria para todos aquellos y aquellas que se encuentre alojados en cárceles federales. Así, cuenta con el Ciclo Básico Común, seis carreras universitarias, y una serie de cursos y talleres de extensión universitaria, un laboratorio de computación a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y una Asesoría jurídica gratuita.
Que a lo largo de estos 25 años esta experiencia universitaria en la cárcel (única en el mundo) ha sido en diferentes circunstancias avasallada por distintas acciones de parte del Servicio Penitenciario Federal (requisa en el Centro Universitario de Ezeiza en el año 2008, cambios inconsultos de condiciones para ingreso de los docentes, traslados compulsivos de estudiantes universitarios a unidades sin educación universitaria, etc.). Con todo, los últimos episodios producidos en el transcurso de este mes marcan un avance inédito e insostenible por parte de las autoridades penitenciarias sobre los estudiantes y el espacio universitario -el CUD- y en particular sobre la propia Universidad de Buenos Aires.
Que el traslado compulsivo de los residentes del CUD (10 presos estudiantes) que se alojan en ese espacio y entre otras cuestiones garantizan la protección del patrimonio universitario (computadores, impresoras, libros) y su distribución en distintos pabellones, el traslado inconsulto del Taller de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas fuera de las instalaciones universitarias del CUD a un aula externa, movilizando las computadoras sin presencia de autoridades universitarias, el robo de una CPU del Centro Universitario, la decisión que las actvidades extracurriculares no deban realizarse en el espacio universitario como si las mismas no se correspondieran con la política de extensión universitaria de la UBA y la amenaza constante de traslados de estudiantes del CUD a otras unidades penales, expresan un avasallamiento y violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas estudiantes de la Universidad y además desconoce a la Universidad de Buenos Aires como parte de un Convenio, ya que todas esas medidas son inconsultas, compulsivas y arbitrarias. Esto es constatable además, ya que ante el reiterado pedido de audiencias de distintas autoridades universitarias al Director del SPF, las mismas no fueron ni siquiera contestadas, lo que motivó la elevación de una nota del Rector al Ministro de Justicia de la Nación a efectos de plantearle la grave situación por la que atraviesa el Centro Universitario Devoto en particular y el Programa UBA XXI en general, debido al accionar del SPF.
Que, en este sentido, se realizaron una serie de acciones a efectos de revertir esta situación: presentación de un pedido de explicaciones al Ministerio de Justicia por parte del Rector de la UBA, declaración del Director del Programa y de los coordinadores de todas las carreras involucradas rechazando las medidas y reclamando el restablecimiento del normal funcionamiento del CUD, declaración de la FUBA denunciando las políticas de vaciamiento del CUD, declaraciones de las Facultades de Derecho y Ciencias Exactas en protesta por los avasallamientos producidos, declaración de la Junta de la Carrera de Letras, diversas manifestaciones por parte de agrupaciones estudiantiles y de organismos de Derechos Humanos repudiando las acciones represivas del Servicio Penitenciario.
Que, asimismo, para el próximo viernes 29 de octubre a las 18 hs. la FUBA, con el apoyo de organismos de Derechos Humanos y la Coordinación del Programa UBA XXII está organizando una movilización al Ministerio de Justicia en defensa del derecho al estudio, para realizar una enérgica protesta por las arbitrarias medidas adoptadas y para reclamar que se restablezca el normal funcionamiento del CUD. Se han realizado innumerables pedidos de audiencia al Director del Servicio sin que hubiera ninguna respuesta hasta la fecha.
Que, como hemos comunicado oportunamente, 7 estudiantes del CUD están realizando una huelga de hambre contra las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario y por el restablecimiento de las condiciones históricas de funcionamiento del mismo.
Por todo ello, desde la Dirección y de la Junta de la Carrera de Sociología:
DECLARAMOS:
1) Nuestro repudio al accionar del Servicio Penitenciario y exigimos al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación que disponga en forma urgente de la medidas necesarias para que Centro Universitario Devoto recupere su situación en cuanto a su funcionamiento y a las actividades desarrolladas previas a estas medidas adoptadas por el Director del Servicio Penitenciario Federal.
2) Convocamos a toda la comunidad universitaria y en particular a la Facultad de Ciencias Sociales y Carrera de Sociología a denunciar la violencia institucional del Servicio Penitenciario Federal contra nuestros estudiantes privados de libertad y contra la universidad pública en su conjunto y a su vez defender la experiencia universitaria en las cárceles ya que formamos parte de una propuesta que sostiene un proyecto que nos involucra en el campo social, de resistencia contra la exclusión, de resistencia contra la degradación de los mas desposeídos y en este sentido, dejar claramente expresado que participamos en la construcción de espacios políticos académicos que recuperan y devuelven derechos vulnerados de las personas privadas de libertad en cárceles de nuestro país.
